De Duhalde a Genoud y las salidas transitorias de Fanchiotti. Las luchas actuales por los Derechos Humanos y una nueva generación militante. En Marcha (Ar)
Por Pablo Solana. De Duhalde a Genoud y las salidas transitorias de Fanchiotti. Las luchas actuales por los Derechos Humanos y una nueva generación militante.
“Vayan a fondo, no aflojen. Que esto no quede así, la impunidad genera más impunidad”, nos decía la querida compañera Adriana Calvo, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Corrían los días posteriores a la Masacre, atendíamos a compañeros heridos de bala y recién habían terminado los velorios de Darío y Maxi. Adriana nos acompañó junto a Vicky Daleo, Cachito y otros militantes que décadas atrás habían padecido el Terrorismo de Estado. Nos asesoraron en el paso que debíamos dar: convertir nuestras luchas piqueteras en reclamos, además, por Juicio y Castigo a los culpables. “La impunidad genera más impunidad” fue también el título de una solicitada que la Asociación impulsó junto a HIJOS y otros organismos, días después de la represión, que decía: “Si Fiorillo, secuestrador de Felipe Vallese, hubiera ido a la cárcel, no habría integrado las bandas asesinas de Camps. Si los genocidas que hicieron de nuestro país zona liberada hubieran ido a la cárcel, las comisarías de Don Torcuato y El Jaguel no serían base de operaciones de escuadrones de la muerte que secuestran y asesinan a los pibes. Si Mijín y Fanchiotti, integrantes de las bandas de Camps, hubieran ido a la cárcel, no habrían asesinado a Santillán y Kosteki”. Aquella lógica que encadena impunidades y permite otros crímenes sobre nuestro pueblo, se reaviva con nuevos abusos y nuevos peligros.
Del acuerdo de Eduardo Duhalde con Néstor Kirchner, a Genoud y las salidas transitorias de Fanchiotti
Tal vez algún día se conozca en qué términos el entonces presidente Néstor Kirchner acordó con el ex presidente Eduardo Duhalde su designación como presidente de la Comisión Permanente del MERCOSUR. Esa decisión magnánima hacia quien debía ser investigado por los crímenes cometidos apenas pocos meses atrás, le brindó al otrora “padrino político” del nuevo presidente un refugio fuera del país durante todo el proceso en que se cursó la investigación por las responsabilidades materiales, incluso hasta avanzado el juicio, en noviembre de 2005. Lo que sí se conoce, en cambio, es la falta de voluntad política y el entorpecimiento que el gobierno de Néstor Kirchner realizó respecto al esclarecimiento de los hechos de Avellaneda. El propio padre de Darío Santillán declaró sentirse “forreado y usado” por el entonces presidente que, después de recibirlo y fotografiarse con él, prometió la desclasificación de los archivos de la SIDE para avanzar en las responsabiliades políticas. El organismo de inteligencia, que depende directamente del ejecutivo nacional y que había tenido probada participación en la represión, sólo giró al juzgado unas fotocopias que nada aportaban, sin declasificar sus archivos sobre el hecho. Kirchner no cumplió. Al proteger a Duhalde, protegía también a su propia tropa. Al ignífugo Aníbal Fernández, que pasó de ser vocero de la represión duhaldista a jefe de gabinete kirchnerista. Al jefe de inteligencia de amistades nazis Carlos Soria, erigido como candidato del Frente Para la Victoria en Río Negro. En nombre del tan mentado pragmatismo político, el kircherismo construyó de esa forma la cima de una pirámide que hoy chorrea impunidad hasta las salidas en libertad del comisario fusilador. Porque, con funcionarios responsables de la Masacre de Avellaneda formando parte del nuevo “gobierno de los Derechos Humanos”, ¿quién iría a decirle algo al gobernador Felipe Solá, cuando decidió premiar el silencio de Luis Genoud coronándolo en el máximo escalafón de la justicia provincial, la Corte Suprema? Genoud, él también ex policía, comandaba la Secretaría de Seguridad de la Provincia el 26 de junio de 2002. Fue el jefe directo de la bonaerense protagonista de los crímenes. Pero en vez de haber sido investigado, fue ascendido.
Aquella impunidad política llega hasta hoy amplificada, en forma más directa que metafórica. Es en el ámbito de la justicia bonaerense, comandada por uno de los responsables políticos de la Masacre, donde los abogados de Fanchiotti logran los beneficios que pueden desencadenar en su gradual puesta en libertad. Fue el Juzgado Correccional número 2 de La Plata el que recibió –e ignoró- las denuncias por las salidas ilegales de la cárcel de Olmos que el Servicio Penitenciario facilitaba a Fanchiotti en 2008, donde además el reo incurrió en falso testimonio. Las salidas tenían por destino la casa de un juez bonaerense, el doctor Rolando Lima, quien había organizado para Fanchiotti un asado. Es ahora el Tribunal número 7 de Lomas de Zamora el que pasa por alto ese antecedente y otorga al imputado el beneficio de ser trasladado y acceder a salidas transitorias por “buena conducta”, desconociendo las faltas graves que deberían constar en su prontuario. Pero, sobre todo, es la justicia bonaerense desde sus más altas esferas la que dio lugar a la chicanas jurídicas de la defensa de Fanchiotti. La Cámara de Casación evitó que la sentencia quedara firme durante seis años, y permitió que ahora los condenados apelen ante la propia Corte Suprema de Justicia. Allí decide Luis Genoud, “amnistiado” políticamente al igual que Duhalde, Soria y Fernández. Porque la impunidad no es pragmatismo político. La impunidad, se sabe, sólo genera más impunidad.
Las luchas actuales por los Derechos Humanos y una nueva generación militante
La movilización popular en torno a esta causa obtuvo un logro inédito: la máxima condena a un comisario del rango de Fanchiotti, por crímenes cometidos en represión en democracia. La cadena perpetua fue resultado de fuertes campañas públicas, solidaridades, movilizaciones y acampes frente a los Tribunales. El empecinamiento en el reclamo constante para que se lleve a juicio a los responsables políticos que dan las órdenes, es parte del aprendizaje histórico.
El pasado sábado 9 de junio, en el Foro Nacional de Educación para el Cambio Social que se realizó en la ciudad de Rosario, Leonardo Santillán, hermano de Darío, volvió a encontrarse con los compañeros de militancia del Pocho Lepratti y con Alberto Rodríguez, fundador de la Comisión Carlos Presente (Co.Ca.Pre) y cuñado del maestro Fuentealba. Allí Rodríguez planteó una idea que interesó a todos: reclamar que los crímenes cometidos por el Estado, aún en democracia, tengan el estatus jurídico que tienen los crímenes de Lesa Humanidad cometidos por la dictadura, y sus causas no prescriban. Más allá de las necesarias presiciones jurídicas que la propuesta requiere, si así fuera, los jueces cómplices no ganarían mucho con sus estrategias de hacer dormir expedientes hasta que las causas prescriban, y los familiares y organizaciones populares tendrían más herramientas jurídicas para llevar adelante cada lucha.
Una nueva generación militante está al frente de ésta y otras luchas, como las de justicia por los asesinatos de Mariano Ferreyra, Patóm Mono y Jere en Rosario, Cristian Ferreyra en Santiago del Estero o Luciano Arruga en la Matanza. Al reivindicar a quienes fueron asesinados por las fuerzas represivas del estado (jóvenes, laburantes, pobres, en cada caso) se reafirma el derecho histórico que nos asiste como pueblo: luchar por transformar la realidad de injusticias en que vivimos. De esa forma cada lucha adquiere una clara dimensión política, de la cual esta nueva generación militante que nutre las nuevas organizaciones populares, heredera de la lucha histórica de los organismos de Derechos Humanos, tributaria de la ética militante que emana la figura de Darío Santillán, es cada vez más protagonista.
