La comunidad de San Pedro Frío se agitó con la llegada de nutridas delegaciones de todo el país y de observadores internacionales que participaron de la segunda Audiencia Preparatoria hacia el Juicio Ético y Político contra el Despojo. Colombia Informa inicia una serie de entrevistas con esta crónica desde las serranía de San Lucas. En Colombia Informa (Co)
Cuando Adalberto Gutiérrez Díaz llegó al lugar lo recibió un cálido aplauso de bienvenida. Adalberto es uno de los tantos campesinos que viajó a San Pedro Frío, proveniente del sur del país en representación del Consejo para el Desarrollo Integral de las Comunidades Negras de la Cordillera Occidental de Nariño y el Cauca, COPDICONC. Al hacer uso de la palabra agradeció “poder estar aquí, en este lugar, que para mí es lejos, de verdad es lejos, totalmente lejos”, y así se disculpó por el retraso. Explicó que para llegar tuvo que ir de la montaña a la ciudad, viajar en autobús hasta Aguachica, ir a la población de Gamarra para tomar la chalupa que lo lleve por el río Magdalena hasta el puerto de Cerro de Burgos, y una vez allí partir a Santa Rosa, desde donde una camioneta de la Cooperativa de Transportes Serranía, únicos vehículos capacitados para el arduo camino de montaña, lo llevara por fin al su destino final: 52 horas de travesía para poder sumar a la audiencia el testimonio de su comunidad.
Similares recorridos transitaron unos 50 representantes de las más lejanas regiones del país, que se sumaron a cerca de 300 delegados mineros y agricultores de la región. Voceras y voceros de sus comunidades fueron tomando el micrófono en la mañana del viernes 28, cuando -después de una lluvia liviana que aún así logró desconcertar momentáneamente a los organizadores- dio por iniciada la Audiencia Preparatoria del Juicio Ético que hizo foco en el accionar de la multinacional minera AngloGold Ashanti en Colombia. Explicaron sus denuncias delegados y delegadas de Cajamarca, Tolima, Norte y Sur de Nariño, Suárez, Cauca, Valle y Antioquia, en lo que resultó un muestrario de las injusticias que padecen los campesinos y mineros en todo el país, pero también de la capacidad de resistencia y de proyección de alternativas en función de los “planes de vida” que proponen las comunidades.
Con el correr de las horas el salón se fue colmando, y por la tarde la actividad tuvo que desplazarse a una carpa de lona montada en un espacio abierto para poder albergar a todos los que llegaban. La posibilidad de conocer las voces de otras comunidades en resistencia y la avidez por informarse sobre los planes de las multinacionales en la región, atrajeron el interés de los mineros de los corregimientos aledaños. A lo largo del día fueron presentados 4 casos de denuncia del accionar de esta multinacional: el del sur de Bolívar, centrado en la violación a los derechos humanos y de la legislación minera; el caso del proyecto de explotación de oro La Colosa, en Tolima, con énfasis en la responsabilidad empresarial en el cambio de las condiciones de tenencia de la tierra; el caso de La Toma, en el sur de Cauca, que apuntó a la ausencia del mecanismo de consulta previa a la comunidad; y el caso de Nariño, con énfasis en las modificaciones provocadas en el uso económico del suelo. A esas ponencias se sumaron testimonios de campesinos de Antioquia y Sur del Cauca.
Como complemento de los testimonios de los líderes comunitarios, el contexto general de la acusación estuvo a cargo de Nelson Orrego, integrante de la Corporación Sembrar, quien expuso como “testigo experto”. Orrego describió “dos intentos de despojo” en la región del sur de Bolívar. Por un lado, la acción de extermino que en los años posteriores a la movilización conocida como el “éxodo campesino” en 1998 dejó como saldo, según certificó el proyecto Colombia Nunca Más, 330 asesinatos, 80 desaparecidos, 88 torturados y más de 57 mil desplazados por la violencia paramilitar. “Las autoridades decían que los paramilitares se conformaron como reacción a la guerrilla, pero éstos aparecieron como respuesta a las movilizaciones en el territorio”, explicó Orrego, y pasó a describir el segundo intento de despojo, complemento del anterior, más actual: “En el año 2003, una empresa solicitó un millón de hectáreas para la explotación minera. Se trataba de una empresa formada por AngloGold Ashanti, que solicitaba 47 títulos mineros. Allí empieza el segundo intento de despojo por parte de las multinacionales”. Tras sus palabras siguieron los desgarradores testimonios de Gabriel Enao y Narciso Bereño, quienes como “testigos de caso” hablaron de la cuestión legislativa por un lado, y del exterminio del movimiento social. “Esa masacre, esa persecución, no era otra cosa que el deseo del territorio, después vino la empresa transnacional”, declaró Enao, vicepresidente de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (FEDEAGROMISBOL), quien perdió parte de su familia en las masacres del año 98.
La vinculación del Estado como complemento del paramilitarismo y el avance empresarial quedó graficada en la formulación de cargos presentada por el abogado Jorge Reale: “El juicio ético debe ser contra el Estado y esta empresa transnacional, y debe arrojar elementos que permitan avanzar desde lo jurídico contra este despojo” expuso, y presentó casos documentados de violación de derechos humanos con responsabilidad cierta del Estado, entre los que se destacaron las menciones del “asesinato por parte del Batallón de Artillería del dirigente agrominero Alejandro Uribe Chacón, en septiembre de 2006, que fue víctima de ejecución extrajudicial por parte de esa unidad militar: previo a su ejecución, dicho Batallón había elaborado un ´perfil de alejando Uribe´ que indicaba que el dirigente estaba organizando y articulando a las masas para luchar contra las multinacionales, en el caso concreto de la AngloGold Ashanti”. Reale mencionó también “el asesinato del dirigente minero Luis Orlando Camaño, en junio de 1997. En ese entonces el comandante a cargo del Batallón de Infantería nº 4 había manifestado que eran las FARC y ELN quienes estaban detrás de la protesta, y tras señalar a Camaño, lo asesinan; con igual acción previa de inteligencia lo detienen a Teófilo Acuña en el año 2007, por un informe de inteligencia que lo sindicaba como integrante de la guerrilla, siendo que Acuña era dirigente de la Federación Agrominera que encabezaba la resistencia ante el despojo del territorio”.
Las palabras de Francisco Ramírez Cuellar y Eduardo León, representantes del Cuerpo Colegiado que presidió la audiencia, orientaron las presentaciones de quienes siguieron en el uso de la palabra. A su turno, Narciso del Sur de Bolívar, Olga de Valle de Cauca, Diego de Antioquia, Ludmila de Nariño, Yimi y Eduardo del Tolima, Francia del Cauca, Jorge y Pablo de los distintos zonales del Sur de Bolívar, describieron los intentos de avance de las multinacionales y la resistencia de las comunidades, hasta redondear una primera jornada de frondosa actividad. Para el siguiente día quedarían las recomendaciones del Cuerpo Colegiado y la redacción de un documento final provisorio para ser presentado en el Juicio del mes de agosto. Pero la segunda parte de esta Audiencia Previa no pudo comenzar con normalidad.
PROVOCACIÓN DEL EJÉRCITO
Al momento de comenzar el trabajo del día sábado, efectivos del ejército fuertemente armados llegaron al corregimiento de San Pedro Frío donde se realizaba la audiencia. De a poco, y con la excusa de “realizar algunas compras” en los negocios del lugar, una docena de efectivos se instaló en las inmediaciones de la carpa donde la audiencia debía sesionar. La excusa se desvaneció con el arribo de un teniente al mando del grupo. Para presionar su retiro, la coordinadora del evento anunció, por micrófono para que los militares pudieran escuchar: “Ya les explicamos que esta es una jornada cívica, que entendemos en el lugar que estamos, una zona de conflicto; que por esa razón las organizaciones internacionales aquí presentes, los organismos de derechos humanos, les solicitamos que no permanezcan dentro del área donde está la población civil, porque ellos mismos saben lo que establece el derecho internacional humanitario; una jornada cívica de esta magnitud requiere que se retiren más allá de la población”. Sin embargo, en actitud de provocación, los uniformados permanecieron rondando la actividad hasta una hora más. Otra presión fue recibida por parte de la delegación al momento de la retirada, cuando un retén del ejército que requisó el vehículo en el que viajaban los delegados al encuentro impidió ser fotografiado. Aunque resulta una acción ilegal, forzaron al fotógrafo de Colombia Informa a borrar las tomas que documentaban la requisa.
Al momento del cierre, Francisco Ramírez Cuellar, en nombre del Cuerpo Colegiado que presidió la Audiencia, se dirigió a los delegados de las comunidades: “En general los casos fueron presentados con calidad argumentativa y documentación clara, felicitamos el esfuerzo y el compromiso de los y las dirigentes de las organizaciones y diferentes delegaciones”, manifestó, reforzando el objetivo de todo el evento: brindar elementos a los denunciantes para mejorar la presentación de los casos para el Juicio Central que tendrá lugar en agosto en Bogotá.
En diálogo con Colombia Informa, distintos protagonistas de la jornada arriesgaron un balance: “Quedamos muy satisfechos con la preaudiencia, a pesar de la difícil situación en la que se realizó; coincidimos, más que en la problemática que ya está identificada y se sabe, en la posibilidad de juntarnos para seguir luchando contra la gran minería”, reflexiona Nelson Orrego, de la Corporación Sembrar. Duby Ordóez fue una de las representantes del Coodinador Nacional Agrario del departamento de Nariño, y agrega: “El balance es positivo, por la asistencia masiva de la gente; y porque el cuerpo colegiado y los abogados que han acompañado ayudan a identificar las violaciones en donde está entrando la AngloGold Ashanti, para ser juzgada no sólo éticamente”. Por su parte, Teófilo Acuña, representante legal de FEDEAGROMISBOL, concluye: “Yo estaba seguro que el pueblo respondería a esto; aún en una región donde hay problemas económicos, porque a pesar de ser una zona rica hay crisis económica y algunos zonales no pudieron llegar de lleno acá, la participación fue muy buena”.
La llovizna, que había marcado el inicio del día anterior, volvió a hacerse presente sobre el mediodía del sábado, cuando los visitantes se preparaban para el largo regreso.
LA PRÓXIMA AUDIENCIA PREVIA EN PUERTO GAITÁN, Y EL JUICIO EN AGOSTO EN BOGOTÁ
La del sur de Bolívar fue la segunda de tres audiencias previas. La primera se hizo en el departamento de Huila semanas atrás, con eje en el rol de la multinacional energética Emgesa-Endesa. La próxima será en Puerto Gaitán los días 13 y 14 de julio, poniendo el foco en el rol de la petrolera Pacific Rubiales. Los tres eventos previos buscan dinamizar las presentaciones que las comunidades harán en el Juicio central que se realizará en Bogotá, los días 16, 17 y 18 de agosto. En cada caso, la labor organizativa recae en manos de las organizaciones de la Red de Hermandad y Solidaridad, en cumplimiento de un mandato emanado del Congreso de los Pueblos, junto a distintas organizaciones como la Asociación de Afectados por la Hidroeléctrica el Quimbo (ASOQUIMBO) en Huila, FEDEAGROMISBOL en sur de Bolívar, o la Unión Sindical Obrera (USO) en Puerto Gaitán.
Durante la semana Colombia Informa brindará nuevas entrevistas e informes desde la región.
