Como sucedió con la llamada Ley Bases con la que inauguró su mandato a finales de 2023, ahora el gobierno de Javier Milei plantea reformas reaccionarias estructurales detrás de un relato superficial de “modernización”. En este caso, las modificaciones a la legislación laboral apuntan a debilitar la organización de la clase trabajadora, además de anular conquistas históricas.
La nueva ley podrá llevar la jornada laboral de 8 a 12 horas diarias, quitará aguinaldos y bonos de los cálculos de la indemnización por despidos, limitará los montos por juicios laborales, debilitará el rol de los convenios colectivos de trabajo, creará un “banco de horas” para evitar pagar horas extra, disminuirá la percepción de salarios durante licencias por enfermedad y condicionará el derecho a huelga, considerando servicios “esenciales” y “trascendentales” a grandes sectores de la actividad laboral, obligando a los trabajadores a cumplir una presencialidad del 50% o 75% cuando decidan ir a huelga.
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Pero la reforma no solo establece modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo sino también en la Ley de Asociaciones Sindicales. A la vulneración de derechos conquistados a lo largo de décadas de luchas obreras, se suma el intento de limitar el financiamiento sindical, la eliminación de estatutos profesionales como el del periodista —que brinda garantías vinculadas con las labores específicas de ese sector— y condiciona la realización de asambleas de trabajadores a la autorización de la patronal.
El intento por debilitar el poder colectivo de la clase trabajadora tiene como objetivo central “consolidar una redistribución regresiva del ingreso y recomponer la tasa de ganancia mediante mayor explotación relativa o absoluta”, analiza Pedro Perucca, sociólogo y editor de la Revista Jacobin; agrega que “al abaratar el despido, fragmentar la negociación colectiva y expandir modalidades contractuales precarias, se amplía el margen de maniobra del capital en la relación salarial”.
En las calles
El pasado miércoles 11 de febrero, cuando el Senado trató este proyecto de ley, se realizó una movilización de repudio en Buenos Aires, frente al Congreso, que terminó con una violenta represión policial. El gobierno hizo eje en la presencia de un puñado de personas (cinco o seis) preparando botellas “molotov”, como estrategia mediática para invisibilizar la masividad de la protesta.
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Desde los sectores de izquierda y el activismo más combativo creció el reclamo a la mayor central sindical por su poca firmeza ante una ley considerada “esclavista”: en esa ocasión la CGT movilizó, pero sin toda su capacidad y sin convocar a una huelga general. Los dirigentes sindicales más poderosos eligieron negociar bajo cuerda aspectos puntuales referidos a su propia supervivencia, sin confrontar la ley en todos sus aspectos.
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En la calle, mientras tanto, además de la movilización de decenas de miles de personas y de las molotov, varios centenares de manifestantes desafiaron la represión policial y muchos de ellos fueron detenidos. La bronca social, más allá de las especulaciones políticas de uno y otro lado, quedó flotando en el aire.
Tras la presión que se hizo sentir sobre la dirigencia, finalmente la CGT convocó a una huelga general para cuando el proyecto —que a fuerza de represión fue aprobado en el Senado— se trate en Diputados. Eso puede ser en esta semana o la próxima, antes de fin de febrero. Pero la convocatoria no conforma a los sectores más combativos del sindicalismo ni a muchas personas que se movilizan sin representación formal, porque el Paro Nacional es sin llamado a la movilización, lo que desanda una tradición de lucha sindical histórica en el país. Es seguro que habrá, de todos modos, movilizaciones cuando el proyecto vuelva a ser tratado, tal vez menos masivas por la ausencia de los sindicatos mayoritarios, pero probablemente más enérgicas, aunque también más expuestas, por eso mismo, a una nueva represión.
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La escena grafica parte de la complejidad en la que se encuentra el pueblo argentino frente a un gobierno ultrarreaccionario como el de Javier Milei: impotencia de los representantes políticos en el parlamento, debilidad y claudicación de las estructuras sindicales tradicionales, y sectores masivos dispuestos a movilizar, pero con dificultades para encontrarle la vuelta a la represión y a la falta de conducción de la protesta. De todos modos, tras cada jornada de lucha como las de estos días contra la reforma laboral, el ánimo social queda más encendido y las protestas venideras podrían ser más contundentes.
Cobertura colaborativa – Enfoque Rojo
Hace más de 20 años, una crisis de representatividad similar derivó en la rebelión popular de diciembre de 2001 y el grito “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, seguido por asambleas, tomas de fábricas y luchas organizadas desde abajo. Por ahora, aunque el caldo de cultivo es cada vez más similar, la bronca social aún no logra esa intensidad. Por ahora…
