Por Pablo Solana. Sería reiterativo regodearse con el autismo oficialista de 678 u otros programas de agitación. El conglomerado de medios kirchneristas ofrece un panorama variopinto donde predomina el seguidismo. Página 12 informa que “La presidenta ganaría hoy con el 61.5%, la imagen y los votos siguen en ascenso” (15/01/2012) o que tiene “alta imagen positiva: dos de cada tres encuestados ven bien su gestión” (5/02/2012). Además, detaca “una envidiable aprobación: temas polémicos en los medios no generan tensiones entre los votantes” (19/02/2012). No se publicaron encuestas tras la tragedia de Once, aunque es de esperar que, cuando aparezcan, sean difundidas en el mismo sentido. El “61,5%”, respondía a una coyuntura en la que el aumento de tarifas y los ajustes exigidos a las provincias podía incrementar cierto malhumor social; la difusión del “dos de cada tres” que ven bien su gestión, del 5 de febrero, se produjo en el contexto de las protestas contra la minería contaminante y la represión. “Temas polémicos no generan tensiones en los votantes”, reafirmaba el diario insistiendo en los índices inmutables, hace apenas una semana, cuando el debate sobre el aumento de sueldos parlamentarios indignó a amplios sectores de la ciudadanía.
Obviemos la fiscalización puntillosa de esas encuestas. Más allá de énfasis y enfoques editoriales, hay otros elementos que habilitan la confianza oficialista. Los ajustes de tarifas, segmentados y graduales, así como las presiones a las provincias para que ajusten sus finanzas, generaron rechazos puntuales pero parecen no haber despertado la reacción de un conjunto social que, en términos generales, dedicó el verano a colmar centros turísticos y garantizar altos niveles de consumo. Las resistencias a la entrega de la cordillera a multinacionales y la represión posterior afectaron a las poblaciones directamente involucradas y generaron una corriente de opinión crítica en la sociedad, que aún así sería erróneo traducir en pérdida masiva de apoyo al gobierno nacional. La dimensión de la tragedia de Once -a fuerza de decenas de muertos y con claras responsabilidades que apuntan al ejecutivo- en cambio, sí parece haber despertado una indignación popular de alcance masivo que, como se analizó en Marcha, logró afectar incluso a sectores del propio kirchnerismo. Aún así, al gobierno le queda un sólido punto de apoyo extra: la oposición. La intuición popular alcanza para registrar la inexistencia de alguna otra fuerza política en condiciones de gobernar, mejor que la actual gestión, los destinos del país sin afectar en mayor medida los intereses de los sectores populares.
Lo que no registran las encuestas
Aún con las relativizaciones hechas, lo que la propia Presidenta bautizó como “sintonía fina” empezó a ser percibido socialmente como un ajuste gradual. Incluso las previsiones más optimistas evalúan una desaceleración del crecimiento económico, que en 2011 fue del 8,8% pero que para el año en curso disminuiría entre 1,5 y 2 puntos. La crisis internacional no golpeó directamente en la región pero sus manifestaciones están ahí.
Las reacciones populares aún no erosionan en una medida considerable al Gobierno nacional, pero se acumulan. Y la tendencia parece ser creciente.
Ya saben los trabajadores estatales que les esperan ajustes salariales en sus provincias y que el Gobierno busca fijar un tope del 18% para las paritarias, por debajo de la inflación real. El proceso no será sencillo: la primera señal de alarma le llegó a la Presidenta desde su pago chico, Santa Cruz. En diciembre último docentes, estatales y municipales frenaron con fuertes protestas un plan de ajuste que pretendía congelar salarios, anular la movilidad de las pensiones y aumentar la edad jubilatoria: 22 heridos fue el saldo de la represión, que incluyó fuego en el palacio legislativo y una crisis institucional en la provincia. Aquella “Ley de emergencia” no avanzó y en provincias como Río Negro fueron más cautos en el intento. Pero la amenaza sobre el salario de los trabajadores sigue latente. Las políticas sociales, por su parte, van sufriendo recortes que, al ser graduales y focalizados, aún mantienen a los movimientos barriales y de trabajadores precarizados en etapa de consultas y cabildeos. Es de esperar, en el mediano plazo, más movilizaciones que impacten en el escenario político nacional.
La resistencia a la megaminería contaminante de los habitantes de Famatina, Belén, Andalgalá, Tinogasta y Amaicha, entre otras localidades, puso en cuestión el modelo extractivista que el ejecutivo nacional sigue defendiendo con uñas y dientes. A las movilizaciones en todo el país se sumó una convocatoria de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) acompañada por organizaciones sociales y políticas, que aportó un dato inesperado: la primera movilización de protesta en la Plaza de Mayo en 2012, el pasado jueves 23 de febrero, no vino de la mano de las huestes cegetistas de Hugo Moyano, sino de un conglomerado de asambleas y organizaciones independientes.
Los organismos de Derechos Humanos, aún debilitados desde que una parte importante fueran seducidos por el oficialismo, encontraron este año graves motivos de alerta. Poco después de la aprobación de la Ley antiterrorista, impulsada por el Gobierno nacional, se conocieron evidencias de espionaje de parte de la Gendarmería a dirigentes sindicales y sociales. La próxima movilización del 24 de marzo, al cumplirse un nuevo aniversario del golpe militar del 76, potenciará al Espacio Memoria, Verdad y Justicia que agrupa a los sectores críticos que mantienen, ante estos y otros casos, la denuncia y la vocación de movilizar como única garantía contra la impunidad.
La enumeración muestra un sólido abanico de reacciones populares ante la “sintonía fina” que anunció la Presidenta en su discurso de reasunción y la insistencia en un modelo económico que mantiene lazos de continuidad estructural con el neoliberalismo. Evidencia un “humor social” crítico y un tejido activo que combina sindicalismo de base, movimientos sociales y nuevas organizaciones de carácter social y político independientes, que desafía “por izquierda” al relato kirchnerista: una herencia del 2001 aún latente que el oficialismo militante siempre se preocupó por negar. Buscando anticuerpos que preserven “el relato”, voceros del gobierno desprestigian estas luchas con un estigma que ya huele a viejo. Si cuando las acechanzas le venían desde el espectro conservador (resistencia a las retenciones, reacción a la Ley de medios) decían “los reclamos al gobierno son funcionales a la derecha” ahora se preguntan, con sarcasmo, si “el grupo Clarín decidió hacerle el juego a la izquierda” al amplificar las luchas y denuncias que afectan las políticas del gobierno nacional.
Dos dimensiones de una misma realidad
¿Estamos ante un gobierno con inmutables índices de aprobación popular o en presencia de luchas y descontentos que muestran un hastío social creciente? Estos enunciados podrían responderse afirmativamente, ambos, por separado. Sin embargo, deberán resolverse, en un sentido u otro, en el mediano plazo. La persistencia de luchas sociales como reacción a políticas antipopulares y desaciertos del gobierno podrá ir desgastando una hegemonía oficialista que hoy mantiene los índices de adhesión que reflejaron las últimas elecciones. A su vez, quienes más se entusiasman con un panorama creciente de “corrimiento del gobierno por izquierda” deberán recordar las capacidades políticas que el kirchnerismo ha demostrado en tiempos difíciles: los sectores más reaccionarios que se envalentonaron con el debilitamiento del gobierno posterior a la crisis de la 125 y el fracaso electoral del 2009 han visto el repliegue de sus fuerzas mientras que el oficialismo supo recomponer su legitimidad después de aquellas derrotas. La situación a futuro ofrece diferencias, es cierto. El horizonte cada vez más concreto de la crisis internacional impondrá condicionamientos objetivos a la economía, lo que dará menos margen de maniobra a un gobierno al que se le hará difícil evitar reacciones sociales ante políticas antipopulares. Pero ya se sabe que el oficialismo maneja con astucia temas que inciden positivamente en el sentir popular: los pasos dados en el tema Malvinas -de dudosa efectividad pero de fuerte impacto político-, las variables de estatización de YPF, los recortes de “privilegios” a sectores de alto poder económico y empresas subsidiarias del Estado, junto con otros anuncios efectistas, podrán jugar a favor de su estrategia de relegitimación.
Este panorama, aún abierto, marca una perspectiva auspiciosa a futuro: por primera vez en más de 8 años, los cuestionamientos se le presentan al gobierno en el marco de una reacción conservadora debilitada y con propuestas de cambio por izquierda. Las demandas son en defensa de los intereses populares, por el desmonte de los pilares neoliberales del “modelo” y la profundización de las políticas que, aún siendo positivas desde el discurso, en la práctica continúan favoreciendo a los sectores del poder económico. Pero hay que admitir que quienes resisten al gobierno por izquierda adolecen de la misma falencia que cualquier otra expresión de oposición: no configuran aún una alternativa de poder, ni siquiera de gobierno de cara a la sociedad. A las expresiones electorales de la izquierda y el centroizquierda, hay que sumar un amplio espacio ducho en las artes de la resistencia social, pero sin experiencia para incursionar el complejo terreno de la disputa electoral. En la capacidad de abordar ese desafío sin perder su esencia de movimientos con arraigo social, y la vocación política unitaria de sectores más acostumbrados a lógicas locales y de fragmentación, reside una parte importante de las expectativas futuras en una alternativa popular de cambio “a la izquierda” del kirchnerismo.
A la vez, habrá que estar atentos a posibles situaciones imprevistas, aún por sobre los sólidos análisis de coyuntura. En el caso del reciente drama ocasionado por la tragedia ferroviaria, si bien los alertas habían sido reiterados, nadie podía imaginar el dolorosísimo desenlace de muerte e indignación que se generó y que aún perdura. Las consecuencias políticas para el oficialismo no se acabaron con la bronca popular de los primeros días.
Los tiempos políticos son impredecibles. Pero, a diez años del “que se vayan todos”, aún más impredecibles suelen ser en nuestra inestable realidad política e institucional.
Obviemos la fiscalización puntillosa de esas encuestas. Más allá de énfasis y enfoques editoriales, hay otros elementos que habilitan la confianza oficialista. Los ajustes de tarifas, segmentados y graduales, así como las presiones a las provincias para que ajusten sus finanzas, generaron rechazos puntuales pero parecen no haber despertado la reacción de un conjunto social que, en términos generales, dedicó el verano a colmar centros turísticos y garantizar altos niveles de consumo. Las resistencias a la entrega de la cordillera a multinacionales y la represión posterior afectaron a las poblaciones directamente involucradas y generaron una corriente de opinión crítica en la sociedad, que aún así sería erróneo traducir en pérdida masiva de apoyo al gobierno nacional. La dimensión de la tragedia de Once -a fuerza de decenas de muertos y con claras responsabilidades que apuntan al ejecutivo- en cambio, sí parece haber despertado una indignación popular de alcance masivo que, como se analizó en Marcha, logró afectar incluso a sectores del propio kirchnerismo. Aún así, al gobierno le queda un sólido punto de apoyo extra: la oposición. La intuición popular alcanza para registrar la inexistencia de alguna otra fuerza política en condiciones de gobernar, mejor que la actual gestión, los destinos del país sin afectar en mayor medida los intereses de los sectores populares.
Lo que no registran las encuestas
Aún con las relativizaciones hechas, lo que la propia Presidenta bautizó como “sintonía fina” empezó a ser percibido socialmente como un ajuste gradual. Incluso las previsiones más optimistas evalúan una desaceleración del crecimiento económico, que en 2011 fue del 8,8% pero que para el año en curso disminuiría entre 1,5 y 2 puntos. La crisis internacional no golpeó directamente en la región pero sus manifestaciones están ahí.
Las reacciones populares aún no erosionan en una medida considerable al Gobierno nacional, pero se acumulan. Y la tendencia parece ser creciente.
Ya saben los trabajadores estatales que les esperan ajustes salariales en sus provincias y que el Gobierno busca fijar un tope del 18% para las paritarias, por debajo de la inflación real. El proceso no será sencillo: la primera señal de alarma le llegó a la Presidenta desde su pago chico, Santa Cruz. En diciembre último docentes, estatales y municipales frenaron con fuertes protestas un plan de ajuste que pretendía congelar salarios, anular la movilidad de las pensiones y aumentar la edad jubilatoria: 22 heridos fue el saldo de la represión, que incluyó fuego en el palacio legislativo y una crisis institucional en la provincia. Aquella “Ley de emergencia” no avanzó y en provincias como Río Negro fueron más cautos en el intento. Pero la amenaza sobre el salario de los trabajadores sigue latente. Las políticas sociales, por su parte, van sufriendo recortes que, al ser graduales y focalizados, aún mantienen a los movimientos barriales y de trabajadores precarizados en etapa de consultas y cabildeos. Es de esperar, en el mediano plazo, más movilizaciones que impacten en el escenario político nacional.
La resistencia a la megaminería contaminante de los habitantes de Famatina, Belén, Andalgalá, Tinogasta y Amaicha, entre otras localidades, puso en cuestión el modelo extractivista que el ejecutivo nacional sigue defendiendo con uñas y dientes. A las movilizaciones en todo el país se sumó una convocatoria de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) acompañada por organizaciones sociales y políticas, que aportó un dato inesperado: la primera movilización de protesta en la Plaza de Mayo en 2012, el pasado jueves 23 de febrero, no vino de la mano de las huestes cegetistas de Hugo Moyano, sino de un conglomerado de asambleas y organizaciones independientes.
Los organismos de Derechos Humanos, aún debilitados desde que una parte importante fueran seducidos por el oficialismo, encontraron este año graves motivos de alerta. Poco después de la aprobación de la Ley antiterrorista, impulsada por el Gobierno nacional, se conocieron evidencias de espionaje de parte de la Gendarmería a dirigentes sindicales y sociales. La próxima movilización del 24 de marzo, al cumplirse un nuevo aniversario del golpe militar del 76, potenciará al Espacio Memoria, Verdad y Justicia que agrupa a los sectores críticos que mantienen, ante estos y otros casos, la denuncia y la vocación de movilizar como única garantía contra la impunidad.
La enumeración muestra un sólido abanico de reacciones populares ante la “sintonía fina” que anunció la Presidenta en su discurso de reasunción y la insistencia en un modelo económico que mantiene lazos de continuidad estructural con el neoliberalismo. Evidencia un “humor social” crítico y un tejido activo que combina sindicalismo de base, movimientos sociales y nuevas organizaciones de carácter social y político independientes, que desafía “por izquierda” al relato kirchnerista: una herencia del 2001 aún latente que el oficialismo militante siempre se preocupó por negar. Buscando anticuerpos que preserven “el relato”, voceros del gobierno desprestigian estas luchas con un estigma que ya huele a viejo. Si cuando las acechanzas le venían desde el espectro conservador (resistencia a las retenciones, reacción a la Ley de medios) decían “los reclamos al gobierno son funcionales a la derecha” ahora se preguntan, con sarcasmo, si “el grupo Clarín decidió hacerle el juego a la izquierda” al amplificar las luchas y denuncias que afectan las políticas del gobierno nacional.
Dos dimensiones de una misma realidad
¿Estamos ante un gobierno con inmutables índices de aprobación popular o en presencia de luchas y descontentos que muestran un hastío social creciente? Estos enunciados podrían responderse afirmativamente, ambos, por separado. Sin embargo, deberán resolverse, en un sentido u otro, en el mediano plazo. La persistencia de luchas sociales como reacción a políticas antipopulares y desaciertos del gobierno podrá ir desgastando una hegemonía oficialista que hoy mantiene los índices de adhesión que reflejaron las últimas elecciones. A su vez, quienes más se entusiasman con un panorama creciente de “corrimiento del gobierno por izquierda” deberán recordar las capacidades políticas que el kirchnerismo ha demostrado en tiempos difíciles: los sectores más reaccionarios que se envalentonaron con el debilitamiento del gobierno posterior a la crisis de la 125 y el fracaso electoral del 2009 han visto el repliegue de sus fuerzas mientras que el oficialismo supo recomponer su legitimidad después de aquellas derrotas. La situación a futuro ofrece diferencias, es cierto. El horizonte cada vez más concreto de la crisis internacional impondrá condicionamientos objetivos a la economía, lo que dará menos margen de maniobra a un gobierno al que se le hará difícil evitar reacciones sociales ante políticas antipopulares. Pero ya se sabe que el oficialismo maneja con astucia temas que inciden positivamente en el sentir popular: los pasos dados en el tema Malvinas -de dudosa efectividad pero de fuerte impacto político-, las variables de estatización de YPF, los recortes de “privilegios” a sectores de alto poder económico y empresas subsidiarias del Estado, junto con otros anuncios efectistas, podrán jugar a favor de su estrategia de relegitimación.
Este panorama, aún abierto, marca una perspectiva auspiciosa a futuro: por primera vez en más de 8 años, los cuestionamientos se le presentan al gobierno en el marco de una reacción conservadora debilitada y con propuestas de cambio por izquierda. Las demandas son en defensa de los intereses populares, por el desmonte de los pilares neoliberales del “modelo” y la profundización de las políticas que, aún siendo positivas desde el discurso, en la práctica continúan favoreciendo a los sectores del poder económico. Pero hay que admitir que quienes resisten al gobierno por izquierda adolecen de la misma falencia que cualquier otra expresión de oposición: no configuran aún una alternativa de poder, ni siquiera de gobierno de cara a la sociedad. A las expresiones electorales de la izquierda y el centroizquierda, hay que sumar un amplio espacio ducho en las artes de la resistencia social, pero sin experiencia para incursionar el complejo terreno de la disputa electoral. En la capacidad de abordar ese desafío sin perder su esencia de movimientos con arraigo social, y la vocación política unitaria de sectores más acostumbrados a lógicas locales y de fragmentación, reside una parte importante de las expectativas futuras en una alternativa popular de cambio “a la izquierda” del kirchnerismo.
A la vez, habrá que estar atentos a posibles situaciones imprevistas, aún por sobre los sólidos análisis de coyuntura. En el caso del reciente drama ocasionado por la tragedia ferroviaria, si bien los alertas habían sido reiterados, nadie podía imaginar el dolorosísimo desenlace de muerte e indignación que se generó y que aún perdura. Las consecuencias políticas para el oficialismo no se acabaron con la bronca popular de los primeros días.
Los tiempos políticos son impredecibles. Pero, a diez años del “que se vayan todos”, aún más impredecibles suelen ser en nuestra inestable realidad política e institucional.
