Por Pablo Solana*. Apenas Moreno asumió la presidencia en mayo de 2017 la ruptura al interior del partido oficialista Alianza País se hizo explícita. La separación del gobierno del vicepresidente correísta Jorge Glas tras su detención por el caso Odebrecht fue el sacudón más notorio de un proceso de quiebre que puede encontrar en la Consulta de este domingo su consolidación.
Antes de adentrarnos en las caracterizaciones políticas más de fondo, veamos de qué se trata la consulta que se efectuará el domingo en Ecuador, donde el voto es obligatorio.
Las y los ecuatorianos deberán responder siete preguntas sobre temas tan variados como la lucha contra la corrupción, la reelección presidencial, la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana, la protección de niños y adolescentes ante situaciones de abuso y la prohibición de la minería metálica en zonas de alta sensibilidad ambiental; se pondrá a consideración la reducción del área de explotación petrolera en el Parque Yasuní, una demanda que enarboló el movimiento indígena y ambientalista ante la cual el gobierno de Rafael Correa siempre respondió con máxima dureza.
Pero el principal desafío que le impone la consulta no es ese sino la cláusula que propone que solo sea posible una reelección presidencial: si se aprueba, Correa no podrá volver a ser candidato (ya fue reelecto con la nueva Constitución en 2013). Eso se complementa con la reconfiguración del Consejo de Participación Ciudadana, que aún alberga a parte del funcionariado correísta con poderes discrecionales en amplios sectores de la vida institucional. Esos dos puntos de la votación, a medida de la disputa con su antecesor, son la punta de un gordo iceberg colmado de rivalidades y antagonismos a esta altura insalvables.
Todas las previsiones indican que las propuestas del nuevo presidente lograrán mayoría en las urnas el domingo. Entonces, ¿hacia dónde irá el morenismo, ya sin Correa como estorbo?
Qué los diferencia
En un informe de coyuntura publicado por el portal NODAL, el historiador Pablo Ospina Peralta analiza que lo que está sucediendo es un desplazamiento dentro de la coalición gobernante.
En términos de alianzas con sectores del poder económico, el gobierno de Rafael Correa se caracterizó por dejar de lado a banqueros y agroexportadores, beneficiarios del modelo neoliberal que había llevado a Ecuador a las recurrentes crisis sobre las que se irguió Alianza País. En su reemplazo la Revolución Ciudadana se apoyó principalmente en dos bloques económicos:
Por un lado, un conjunto de grupos monopólicos de importadores con fuertes conexiones internacionales. “Las políticas económicas del correísmo expresaron muy bien el contenido contradictorio de los intereses de esta fracción empresarial, tanto ´progresista´ (expansión del gasto y consumo de clases medias) como reaccionario (destrucción del pequeño comercio y subordinación de las economías campesinas)”, señala Ospina.
Por otro lado, grupos empresariales que se enriquecieron con la obra pública, como proveedores del Estado. Con Fabricio Correa (hermano del entonces presidente) como gestor principal, este sector garantizó conexiones con el capital internacional para inversiones en bienes primarios y construcción de infraestructura. Según el informe de coyuntura antes citado, la posición hegemónica de este sector empresarial “explica que en lugar de apoyar escuelas politécnicas que se contaban entre las mejores del país, se decidiera la construcción de una costosa y demencial ´ciudad del conocimiento´ planificada para desperdiciar mil millones de dólares”, “que se hicieran las carreteras más caras de la historia”, y otras decisiones económicas que eran presentadas como grandes obras para el país, aunque de lo que se trataba era de facilitar grandes negociados para ese sector en particular. Además del hermano de Correa, el vicepresidente desplazado del gobierno actual, Jorge Glas, figuraba como cabeza política de este conjunto de intereses empresariales.
Es cierto que Lenin Moreno decidió confrontar con los exponentes de estos sectores; aunque su nueva orientación económica no parece ser más alentadora: puso al frente del gabinete productivo a exponentes del empresariado. “Los empresarios e intermediarios desplazados podrían perfectamente ser reemplazados por otros peores”, afirma el historiador y analista Pablo Ospina.
A la vez, Moreno se muestra receptivo de expresiones del movimiento social que eran confrontadas desde la anterior gestión. Es conocida la enemistad que el expresidente Correa cosechó entre sectores indígenas, ambientalistas, sindicales, feministas… y la lista sigue. Si bien los indicadores económicos del ciclo posneoliberal de la Revolución Ciudadana generaron un colchón estable de adhesión popular (ocho elecciones ganadas, incluyendo la de Moreno), justas demandas sectoriales chocaron, durante gran parte de los diez años de Correa en el gobierno, contra un muro de descalificaciones, desconocimientos y criminalización.
A partir de esa constatación, no es mucho lo que Moreno debió hacer para congraciarse con esos sectores: por el momento le está alcanzando con habilitar algunas instancias de diálogo, conceder algo pero no todo y, especialmente, capitalizar su cruzada anticorreísta. En eso gran parte del espectro político lo apoya, por derecha y por izquierda también. Eso explica que la propuesta de Moreno en la Consulta Popular del domingo seguramente se imponga.
Pero otra cosa sucede cuando estos sectores sociales ponderan la gestión de gobierno como tal. Si bien hasta ahora la política pendular de Moreno permitió atender a los movimientos y sus demandas, es de esperar que, una vez resuelta la consulta del domingo, el gobierno deba definir con mayor claridad su rumbo económico.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) seguramente haya sido el sector popular con más peso que enfrentó a Correa. Hoy se encuentra sosteniendo una Mesa de Diálogo con el gobierno de Moreno que arrojó algunos resultados positivos, por ejemplo, indultos a referentes sociales procesados o encarcelados y la posibilidad de tratar una Amnistía caso por caso, como forma de revertir las consecuencias de la política de persecución del gobierno anterior (más de 700 casos de persecución judicial). La misma consulta del domingo permitirá consolidar reclamos de estos sectores. Sin embargo, el apoyo es relativizado por el movimiento indígena, que votará Sí al mismo tiempo que insiste en señalar al gobierno y presionar por el cumplimiento de promesas que aún no se concretan.
Similar posición adoptan organizaciones de los trabajadores, preocupadas por el deterioro salarial. Jorge Acota, coordinador de la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas, Bananeros y Campesinos (Astac), lo dice con claridad: “Apoyamos la consulta, es importante que gane el Sí, pero no apoyamos al gobierno; tenemos mucho que cuestionarle, debido a las cosas que se están dando con el Ministro de Trabajo. Se está imponiendo una nueva forma de contrato que desconoce los tiempos de descanso y el pago de horas extra”. Se refiere a un plan de reformas que promueve el gobierno por pedido de las cámaras empresariales, que implicará reducción de salarios en al menos siete sectores clave de la economía.
Ecuador y América Latina, lejos de la “Batalla de Stalingrado”
El sociólogo y analista internacional Atilio Boron había pronosticado, antes de las elecciones que finalmente llevaron a Moreno a la presidencia, que éstas serían fundamentales para dar un reimpulso decisivo al ciclo progresista en la región. Según ese análisis, Ecuador sería “el escenario de una decisiva ´batalla de Stalingrado´”, en referencia a la defensa de la ciudad soviética contra el ejército nazi durante la Segunda Guerra Mundial.
Decir que ese análisis era tremendamente exagerado resulta obvio ahora, a la luz de la desilusión que Moreno está causando en correístas como el propio Boron, pero era también bastante previsible en el mismo momento de haber sido dicho: el denominado ciclo progresista en América Latina viene atravesando reveses y dificultades que derivan en una sustancial pérdida de peso político en la región y lo que sucede en Ecuador, visto en la geopolítica continental, no desentona con esa desilusión.
Ver cómo la prédica latinoamericanista y soberana se diluye, en este caso, permite una reflexión distinta a lo sucedido en Brasil o Argentina: en Ecuador el desencanto lo provocan quienes se propusieron como renovación política dentro del mismo modelo (tal vez el caso de la gestión actual del Frente Amplio en Uruguay sea asimilable, en este punto: procesos que, desde el punto de vista de la política continental, se “derechizan” sin haber perdido el gobierno).
Durante sus 10 años en la presidencia Rafael Correa mantuvo un perfil alto en la política exterior, proyectando su imagen como uno de los referentes del “ciclo progresista”.
Lenin Moreno, en cambio, cultiva el bajo perfil fuera de su país. Pero no es solo una cuestión de estilos: molestaron en Caracas sus reclamos por los “presos políticos venezolanos”, expresión que hace parte de una estrategia de deslinde respecto a un chavismo que, en cambio, Correa siempre defendió.
A favor del nuevo mandatario ecuatoriano podría decirse que, de todos modos, proyectos como el ALBA, que Ecuador supo integrar con cierto protagonismo, sin Chávez, sin Fidel y sin petróleo, se encuentra estancado desde mucho antes. También es cierto que algunas políticas internacionales saludables del correísmo tienen continuidad: recientemente se le otorgó la nacionalidad ecuatoriana a Julian Assage, perseguido por los EEUU, y el gobierno actual, a través de la canciller María Fernanda Espinosa, sostiene la cordial relación con el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo que permite que el proceso de paz cuente con un país amigo que lo albergue (otro tema son las dificultades propias de esos diálogos).
La izquierda
Estas situaciones, si bien no dejan bien parado a Moreno visto desde las izquierdas, tampoco deberían leerse como un punto a favor de Correa. En lo económico, las políticas cada vez más favorables a los grandes empresarios se habían fortalecido en Alianza País mucho antes del cambio de gobierno. Aun así, el actual presidente tiene factores de coyuntura a su favor; el precio del barril del petróleo se estabilizó alrededor de los 60 dólares, y en el terreno político cuenta con margen para la toma de decisiones, tanto por el consenso que le produce la arremetida anticorreísta como por la relativa mayoría alcanzada en la Asamblea Nacional.
En síntesis: tras la pulseada del 4 de febrero el panorama quedará más claro en lo político, y sobre esa claridad cobrará nitidez también el modelo económico y los intereses hacia los que se incline.
Para las organizaciones populares, más allá de las expectativas en el diálogo, será imprescindible poner a prueba la capacidad de movilización. Aprovechar las “brechas que puedan permitir mejores condiciones para luchar por la recuperación de los derechos”, como señala Ospina, es una posibilidad que brinda la coyuntura.
Pero a mediano plazo el desafío será más complejo: establecer qué proyecto de país se proponen los sectores más dinámicos del complejo campo popular en Ecuador, y con qué plan de acumulación de fuerzas lo piensan alcanzar. Para ello, a esta altura, ni Correa ni Moreno aportarán respuestas.
– – –
* Editor de Revista Lanzas y Letras y La Fogata Editorial
