Un informe que apabulla por la magnitud de la violencia y los crímenes perpetuados durante los últimos 62 años en el país fue recibido, pese a todo, con esperanza. Una sociedad que madura de la tragedia al optimismo de la voluntad. En Primera Línea (Ar) | Lanzas y Letras (Co)
El informe de la Comisión de la Verdad que se hizo público días atrás documenta y da voz a una realidad que impacta, pero no sorprende: prácticamente no hay en Colombia quien no haya padecido las consecuencias de la violencia, en carne propia o en su entorno cercano. El registro formal contabiliza cerca de 9 millones de víctimas de los distintos tipos de secuelas del conflicto interno, más de un 20% de la población. Entre las personas asesinadas, secuestradas, torturadas, ejecutadas extrajudicialmente, violadas o desplazadas por la fuerza, ocho de cada diez no son soldados ni paramilitares ni guerrilleros, sino civiles. Gente del común.
Se trata de verdades difíciles de procesar aún para una sociedad que se sabe saliendo del infierno. Sin embargo, desde el triunfo popular del 19 de junio pasado, cuando Gustavo Petro y Francia Márquez ganaron la presidencia del país, en Colombia la realidad política parece tocada por la varita mágica de un optimismo cauto, prudente, pero optimismo al fin. El optimismo de la voluntad.
No se trata de una ecuación sencilla. Para la mayor parte del pueblo la comida sigue igual de cara y la crisis económica carcome la ilusión del vivir sabroso; la violencia aún late en el tejido social con el mismo pulso intolerable; los muertos siguen tan muertos y tan indóciles como antes. Pero, aun así, el dolor parece tener otro color al ser iluminado por los haces frescos que proyecta hacia el presente un futuro del que se espera dé a luz tiempos de promisión. Parece estar madurando un amplio consenso social en torno a la idea de dejar atrás unas condiciones de vida que ya no se podían vivir más. Hasta los enemigos del nuevo gobierno electo -que son, calcados, los enemigos por décadas del pueblo pobre- están reconociendo la nueva condición.
En ese contexto de ilusiones y expectativas, el pasado martes 28 de junio se dio a conocer el informe final de la Comisión de la Verdad, creada tras los acuerdos de Paz de 2016. Una multitud de profesionales y representantes de la sociedad, guiada por un grupo de 11 comisionados y comisionadas elegidas por concurso y dirigidos por el sacerdote jesuita Francisco de Roux, tomaron como punto de partida informes anteriores y abarcaron la voz de las víctimas de la violencia, sin dejar por fuera la acción de ningún actor armado.
Los resultados del informe son abrumadores. Sin embargo, en el evento donde se lo presentó, en el teatro Jorge Eliécer Gaitán, sobre la avenida séptima, en el centro de Bogotá, había rostros calmos y esperanzas serenas. El cambio de época dispone nuevos aires.
El todavía presidente de la República, Iván Duque, no se presentó, pero nadie lamentó la falta. Por el contrario, fueron celebradas las presencias de Petro y Márquez, quienes conducirán los destinos de Colombia a partir del 7 de agosto, cuando asuman sus funciones como presidente y vice. Hasta ahora, las autoridades políticas rara vez prestaron atención a estos informes, o directamente los contrariaron. Petro, exguerrillero torturado por el Ejército, y Francia Márquez, lideresa social amenazada y deplazada por la violencia, saben de qué se trata. Por eso ambos se mostraron compenetrados con la situación, destacaron el trabajo y se comprometieron a seguir las recomendaciones de la Comisión que apuntan a desterrar los factores estructurales sobre los que se sostuvo el conflicto armado interno en el país.
Los principales destinatarios del trabajo fueron las víctimas de la violencia, que estaban representadas en el evento por varios centenares de personas entre las que se incluían familiares de secuestrados por las guerrillas. Recibieron con un sentido aplauso las palabras del cura de Roux y también la presencia de la nueva fórmula presidencial.
Pero la labor de la Comisión no se limita a este acto de presentación. Mientras se llevó adelante la investigación, se instalaron 28 Casas de la Verdad en distintos puntos del país. Desde cada una de ellas se promoverán, a partir de ahora, actividades pedagógicas para difundir las conclusiones e insistir con la agenda de cambios necesarios para consolidar la paz. Más allá del informe final ya presentado, el trabajo de la Comisión se irá dando a conocer por medio de 9 libros temáticos, que se harán públicos de ahora en más a razón de uno por semana, para que el impacto en la difusión y en la agenda de los medios de comunicación sea más eficaz.
“¿Por qué?”
Las cifras que revela el trabajo dan cuenta de la dimensión de la tragedia; para más, una cuidadosa presentación multimedia permite escuchar las voces, imaginar los cuerpos dolientes, percibir los gritos desgarrados de quienes padecieron torturas y masacres.
“¿Por qué los colombianos y colombianas dejamos pasar, durante años, este despedazamiento de nosotros mismos como si no fuera con nosotros? ¿Por qué vimos las masacres en televisión, día tras día, como si se tratara de una novela barata?”, dijo el cura de Roux, con la contundencia de quien se sabe hablando de algo que ya cambió.
Solo así, con esa certeza, se pueden digerir los siguientes datos:
El informe establece que entre 1985 y 2018 hubo 450.664 muertos por la violencia política. A esa cifra oficial se le asume un subregistro por las propias condiciones de miedo y negación de la información inherentes al conflicto. El senador y defensor de derechos humanos Iván Cepeda, hijo de un dirigente político asesinado en ese período, proyecta que “ese universo podría llegar a ser de al menos 800.000 víctimas”.
Cada detalle convierte a esa cifra en más atroz: de la cantidad de muertos, solo 2 de cada 10 eran combatientes. Es decir, según esa estimación, cerca de 650.000 personas pudieron haber sido asesinadas por razones políticas sin ser parte de ningún grupo armado. Esas muertes fueron provocadas en un 57% de los casos por paramilitares y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado (un 45% los primeros, y un 12% los segundos). En menor medida por las guerrillas: 27% de los casos documentados.
El informe establece que entre 1978 y 2016 fueron ejecutadas por fuera de la ley 8.208 personas. El dato más revelador es la concentración de esos hechos en un período acotado: entre 2002 y 2008 se dieron el 78% de esos crímenes. Fue el período de mayor fortaleza del gobierno del expresidente Álvaro Uribe.
Las víctimas de desaparición forzada, en el período que va entre 1985 y 2010, se contabiliza en 121.768. Por esos hechos se señala la responsabilidad de los paramilitares (52%), seguidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC (24%), y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado (9%). Entre 1990 y 2018 se registraron 50.770 secuestros, el 40% responsabilidad de las FARC, el 24% de los paramilitares, el 19% por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El informe registra 32.446 casos de violencia sexual, entre violaciones, esclavitud sexual, mutilaciones, esterilizaciones y abortos forzados. El 92% de esas víctimas son mujeres y niñas. Entre 1990 y 2017 se dieron 16.238 casos de reclutamiento infantil, el 75% por parte de las FARC, el 13% de los paramilitares y el 9% a manos del ELN.
La cifra más abultada es la de víctimas del desplazamiento forzado. Se trata, por lo general, de familias enteras que debieron abandonar sus hogares, tierras y pertenencias empujadas por la violencia. Entre 1985 y 2019 se registró el desplazamiento de 7.752.964 personas.
Sobre ese acumulado que ronda los 9 millones de personas afectadas hizo el sacerdote de Roux su estimación estremecedora: «Si hiciéramos un minuto de silencio por cada una de las víctimas del conflicto armado, el país tendría que estar callado durante 17 años».
Colombia y una América Latina que sabe de Comisiones de la Verdad
La dinámica del conflicto interno en Colombia resulta distintiva respecto a lo que sucedió en América Latina por varios factores. Uno, su carácter prolongado y sostenido, que se arrastra por décadas y aún perdura. Otro, la multiplicidad de actores armados y sus responsabilidades en la generación de víctimas de esa violencia.
Gran parte de los países de la región tuvieron sus comisiones investigadoras, por lo general, después de procesos dictatoriales. Es el caso de Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala, Uruguay o Brasil. En esos países la búsqueda de la verdad se centró en señalar el terrorismo de Estado. Lo sucedido en Argentina es emblemático: la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) apuntó a dilucidar los crímenes cometidos por la dictadura militar, específicamente la desaparición sistemática de personas. Aun cuando se pretendió instalar la “teoría de los dos demonios”, los organismos de derechos humanos lograron dejar en claro que el principal desafío para el futuro del país pasaba por juzgar el accionar de quienes instrumentalizaron el Estado en perjuicio de su pueblo.
En Colombia, cuando se habla de víctimas, se incluye a quienes padecieron la violencia por parte del Estado y los paramilitares, pero también a las personas asesinadas, secuestradas o desplazadas por la acción de los grupos insurgentes. La dimensión de la violencia en la que las guerrillas se vieron envueltas torna inevitable esquivar esos señalamientos. Esta es una incomodidad para la izquierda colombiana y continental. Aun cuando los resultados de la Comisión de la Verdad muestran que los principales responsables de la violencia política fueron los paramilitares (que accionaron -y aún lo hacen- en alianza con las fuerzas de seguridad del Estado y tras las directivas del poder político y económico que siempre dirigió al país), son contundentes los señalamientos a las FARC, y en menor medida al ELN, en lo que refiere a otras formas de victimización que afectaron a la sociedad, como el secuestro y el reclutamiento de menores de edad.
Por este motivo el caso colombiano se asemeja al de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú, que funcionó durante los años 2001 y 2003 con el fin de sistematizar los crímenes cometidos por la represión estatal pero también por el accionar de los grupos rebeldes como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
Sin embargo, a diferencia de lo que sucedió en otros países, donde los informes apuntaron a echar luz sobre hechos pasados, en Colombia la violencia política aún es un desafío a superar. Los resultados de esta investigación se dan en un momento particular del país. Las recomendaciones que emanan del informe tendrán un lugar privilegiado en la agenda del nuevo gobierno, que definió como prioridad “la Paz”.
El informe recomienda al Estado colombiano garantizar las condiciones para que sea desterrada “definitivamente la violencia como medio de resolución de conflictos”, lo que en el corto plazo implica retomar el diálogo con el ELN y desmontar el paramilitarismo, o al menos desvincularlo de la complicidad de las fuerzas de seguridad.
Hay otras recomendaciones que tienen que ver con cambios estructurales. El texto habla de retomar el camino de la reforma rural integral, propuesta que pone el dedo en la llaga que más duele a los dueños del poder y de la guerra en Colombia: el problema de la tenencia de la tierra, origen de la violencia política en el país.
También hace énfasis en reformas del sistema de seguridad, como la separación de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, el demonte del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (Esmad) y el fortalecimiento de los controles disciplinarios a las fuerzas militares.
Se trata de políticas que Petro y Márquez tienen previstas, pero que no serán sencillas de implementar. Sin embargo, el trabajo y la legitimidad de esta Comisión de la Verdad resultan un buen envión para avanzar.
Una consigna acompañó la presentación del informe final: “Hay futuro si hay verdad”. El desafío para el nuevo gobierno será aún mayor: demostrar que habrá futuro si esa verdad se logra materializar en cambios que garanticen que no se pueda volver atrás.
El informe final, los testimonios y la documentación de la Comisión de la Verdad están disponibles en la página web https://www.comisiondelaverdad.co/
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Pablo Solana es comunicador popular argentino, editor de la Revista Lanzas y Letras y La Fogata Editorial (Colombia)
