Durante las movilizaciones del último tiempo en el Congreso una situación resulta recurrente: el ejercicio de ciertos modos de enfrentamiento a las fuerzas represivas y el inmediato señalamiento que acusa de infiltrados a quienes ejercen esa gimnasia de lucha callejera.
Clarificar qué es lo que efectivamente sucede
allí resulta importante, porque el andarivel parlamentario de la ofensiva
mileísta va a continuar, y por lo tanto también las protestas.
La acción y el debate sobre los “infiltrados”
se enmarca en una serie de constantes que están teniendo las movilizaciones
frente al Congreso en el último tiempo.
Por un lado, notamos que durante las últimas
convocatorias las columnas de sindicatos, partidos y organizaciones de
distinto tipo no terminan de apropiarse del espacio público de la protesta,
porque la llegada suele ser descoordinada, la permanencia un tanto inconstante
y, ante el primer conato de represión, la retirada resulta inmediata.
Uno de los motivos de esa descoordinación se
le atribuye a otro hecho que se repite: la desconfianza ante la presencia de
personas que se instalan frente al vallado policial para insultar a los
agentes, empujar las vallas cuando pueden, tirar botellas de plástico o algún
elemento más o menos contundente, y eventualmente piedras cuando del otro
lado asoma el primer chorro del carro hidrante.
Hay una tercera constante: en cada protesta
el gobierno reprime. Con gases lacrimógenos, hidrantes, o directamente
motos persiguiendo gente, dando palazos, disparando balazos de goma, deteniendo
al voleo o selectivamente.
El activismo que sacude vallas policiales y
arroja algunas piedras a los efectivos de la represión parece estar compuesto
por gente silvestre muy enojada, ya sean jóvenes o jubilados, que se
complementa con pequeños grupos más organizados, en muchos casos anarquistas. El
señalamiento que acusa a algunas de esas personas de ser agentes policiales
disfrazados de manifestantes no logra ser corroborado; circularon videos e
indicios que llevaron a la detención de algunas de esas personas, en particular
las del caso televisado de las molotov, y todo indica que no son policías.
Lo mismo había sucedido en la movilización del
12 de marzo de 2025, cuando el móvil policial 8008 terminó en llamas en la
esquina de Avenida de Mayo y Santiago del Estero. En esa ocasión, al igual que
ahora, arreciaron los señalamientos que supuestamente confirmaban que quien prendió
fuego el vehículo era un agente que buscaba desprestigiar la protesta, aunque
semanas después fue apresado un integrante de la hinchada de All Boys, quien
terminó condenado a un año y cinco meses de prisión de cumplimiento efectivo;
las imágenes lo muestran inequívocamente protagonizando el hecho. Otra
situación similar, aún más difundida, se dio en la movilización del 12 de junio
de 2024, cuando se trató la Ley Bases; en esa ocasión terminó en llamas un
móvil de Cadena 3. Sobre esos hechos no hubo detenidos, aunque la militancia
que estuvo allí asegura que los del encendedor, esa vez, eran compañeros.
Dar más detalles sería incriminarlos, por lo que el discurso que afirma que
eran “servicios” se impuso sin contra-relato, aunque con bastante irresponsabilidad.
En aquella ocasión recordamos en la revista
crisis otra situación aún más irresponsable: cuando en 2018 dos diputados
nacionales mostraron fotos de supuestos policías infiltrados, que terminaron
siendo militantes anarquistas finalmente apresados.
Vale la pena repetirlo: consideramos legítima la defensa activa ante la
represión, por ser esta una práctica antidemocrática que vulnera el derecho
básico a la protesta. Esa defensa será legítima incluso si tiene que expresarse por medio
de métodos que puedan ser criminalizados, como la realización de
barricadas, la quema de objetos en la vía pública que dificulten el avance
represivo o el cubrimiento de rostros y señas particulares para evitar la
identificación por parte de los organismos de inteligencia.
Sin embargo, aun cuando quienes enfrentan la
represión con métodos violentos no fueran policías, es seguro que en las
movilizaciones hay agentes de civil haciendo inteligencia y marcando militantes
que después serán objeto de persecución. Por eso se impone hilar más fino:
una cosa es la posibilidad de que las fuerzas de seguridad infiltren la
protesta al punto de ser ellos quienes ejerzan hechos de violencia para
justificar la represión –situación que, como venimos argumentando, no se
corrobora–, y otra cosa es la presencia de agentes de civil entre las
columnas, mimetizados con la militancia, haciendo inteligencia o develando su
rol de policías recién al momento de efectuar detenciones.
La diferencia no es menor. Si no comprendemos
uno y otro rol, corremos un doble riesgo: por un lado, negamos la
posibilidad de que el ejercicio de la resistencia activa ante la represión
pueda ser obra de personas del pueblo, organizadas o no, en ejercicio legítimo
de su bronca. Por otro lado, tendemos a concentrar la atención respecto a
la presencia de servicios en las marchas en los hechos más estruendosos a
riesgo de perder de vista presencias de policías de civil más discretas,
entre las columnas, lo que después facilita la cacería de quienes hayan tirado
piedras y también de quienes no.
Por eso, aun cuando, siendo rigurosos, todo
indica que quienes tiran piedras o encienden barricadas no son “infiltrados”, el
estado de alerta ante la infiltración policial debe ser una práctica activa,
y no solo en las marchas, sino también en la propia composición de grupos
militantes que se propongan ejercitar formas de resistencia que puedan dar
lugar a posteriores persecuciones judiciales.
Dicho eso, y hecha la defensa sobre el derecho
a la resistencia activa ante la represión, podemos ir un paso más allá: la
experiencia de las últimas movilizaciones nos muestra que una barricada, un
fuego o una piedra fuera de contexto y de lugar, a destiempo de la voluntad del
resto de la movilización, también pueden convertirse en factores
contraproducentes.
No solo algunas columnas sindicales o
partidarias evitaron, durante las últimas marchas, llegar al Congreso cuando se
esbozaban los primeros indicios de forcejeos de algunas personas con ánimos de
pelear con la policía. Mucha gente suelta, sin organización, que quiere
manifestarse y ser parte de la protesta, también se siente incómoda ante el
descontrol de la situación.
Está claro que la decisión de reprimir está
tomada por este gobierno con independencia de lo que hagan o no hagan los
manifestantes, pero igual de cierto es que, en ocasiones, ese activismo
inorgánico que agita una piedra o enciende una fogata sin contemplar el ánimo
mayoritario, es tomado como la contraparte válida para los tanques hidrantes y
los lanzagases. El destiempo entre la intención combativa de pequeños grupos y
la disposición mayoritaria de la movilización no es un detalle menor, porque en
última instancia será esa masa movilizada la que tendrá que resistir, si
pretendemos que el saldo de la trifulca se incline a nuestro favor.
Nos preguntamos si no podría, si no debería, lograrse una más sólida
coordinación entre organizaciones sindicales, sociales y partidarias a la hora
de garantizar la presencia en la Plaza; esa coordinación debería incluir la
intención de diálogo con quienes agitan la revuelta, aún si son grupos
pequeños, inorgánicos o esquivos y desconfiados de las estructuras. Velar
por el buen destino de la movilización en su conjunto requerirá dedicaciones y voluntades
pacientes, hábiles y comprensivas, más cuando está en juego algo tan delicado y
estratégico como la capacidad de desafiar la represión.
Escenas de resistencia activa, sin desbande,
con participación de amplios sectores movilizados, se vieron, por ejemplo,
durante aquella jornada en la que agrupaciones de los clubes de fútbol
confluyeron con jubilados. Más contundente aún fue la protesta, también frente
al Congreso, en diciembre de 2017, cuando la decisión masiva de resistir fue
acompañada por muchas organizaciones movilizadas y, a fuerza de barricadas y aguante
legítimo, el gobierno de Macri sufrió un golpe letal en su intento por avanzar
contra los derechos del pueblo.
A modo de conclusión, podemos focalizar
algunas reflexiones finales:
Por un lado, lo que está en juego no es
solamente la defensa del derecho a la movilización.
El proyecto reaccionario que encarna Milei solo
encontrará un freno efectivo cuando el pueblo se lo ponga en las calles. Como
vienen haciendo, pueden irrespetar las normas constitucionales, pueden
desconocer fallos judiciales, pueden comprar voluntades en el parlamento. Lo
que no podrán hacer es controlar el conflicto social cuando éste se desate.
Las clases dominantes lo saben, por eso un sostén fundamental de todo proyecto
de derecha es la represión.
En ese camino, es fundamental que las luchas,
además de legítimas, sean eficaces.
En busca de esa eficacia hay quienes se
proponen salir del escenario más desgastado de las movilizaciones principales
el Congreso, zona que la doctrina Bullrich tomó como caso testigo y donde
parece tener el control. En las últimas semanas se multiplicaron los conflictos
locales y también en la Capital se buscaron otros puntos de impacto para la
protesta, como la que se realizó en el Obelisco el viernes de la aprobación
final de la reforma laboral.
Pero además del sano ejercicio de las luchas
locales y descentralizadas, se impone la necesidad de mejorar la organización
de las marchas centralizadas. Para que esas movilizaciones logren la eficacia
necesaria, se vuelve imprescindible avanzar en niveles más sólidos de
coordinación. Lograr algún tipo de inteligencia común entre las
organizaciones y también respecto a los grupos más pequeños y más activos.
En ese sentido, insistir con el
señalamiento mediático o en redes sociales a supuestos “infiltrados”, sin las
verificaciones correspondientes, no suma, más bien lo contrario.
Las dificultades están planteadas. Las
diferencias entre partidos, organizaciones y tendencias son reales. Pero la
bronca social va a ir excediendo, cada vez más, a las capacidades organizadas.
Y la necesidad histórica de derrotar a esta ofensiva reaccionaria se va a ir
volviendo cada vez más urgente.
En ese contexto, ningún esfuerzo por dotar
de más eficacia a las luchas populares será en vano. El desafío está en
nuestras manos.
