10 de diciembre de 2013

Nuevo ataque de la derecha contra la soberanía popular

Gustavo Petro, ex guerrillero electo alcalde de Bogotá en 2011, fue destituido por el Procurador General, expresión institucional de una derecha con vínculos paramilitares. En Marcha (Ar)



Por Pablo Solana, desde Colombia. Gustavo Petro, ex guerrillero electo alcalde de Bogotá en 2011, fue destituido por el Procurador General, expresión institucional de una derecha con vínculos paramilitares. Fuerte repudio popular en las calles y preocupación por las consecuencias para los “diálogos de Paz”. El antecedente de Piedad Córdoba.


Resulta inevitable no asociar el impacto que produce la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, con las perspectivas que pueda tener un proceso de participación de miembros de la insurgencia en la política institucional del país, como se busca con los actuales “Diálogos de Paz” que protagonizan el gobierno y las FARC en La Habana, propone la otra insurgencia del ELN y reclama el conjunto del movimiento popular en Colombia.

El forzado desenlace de Petro al frente de la gestión de la ciudad más importante del país, acrecienta las dudas sobre la tolerancia que pueda tener la derecha colombiana ante el avance de los sectores populares, progresistas o de izquierda, aún cuando éstos se someten a las reglas del juego de la democracia formal, tan amañada en Colombia como lo demuestra la actual situación.

Gustavo Petro hizo pública su participación en el grupo armado Movimiento 19 de abril (M-19) en el año 1984 siendo concejal de Zipaquirá, y debió pasar a la clandestinidad; fue capturado en 1985 y pasó dos años preso, hasta que en 1987 impulsó un proceso de paz que desmovilizó a su organización y habilitó la carrera política de varios de sus cuadros.

Desde entonces, resultó electo en varias contiendas legislativas. Fue senador de la República por el Polo Democrático Alternativo (PDA) en 2006 con la segunda mayor votación del país y, en 2011, con su partido Progresistas, fue electo Alcalde Mayor de Bogotá, asumiendo el cargo el 1 de enero de 2012.

Desde entonces, la derecha política del país se propuso quitarlo de en medio. El encargado de la ofensiva contra la gestión popular fue el Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez, un abogado de ultraderecha vinculado al Opus Dei, que llegó a su cargo por medio de una terna propuesta por el Ejecutivo y ratificada por el Senado, de mayoría conservadora.

Ordóñez ya había impulsado -y logrado- la destitución e inhabilitación para la función pública de la senadora liberal Piedad Córdoba, acusada de facilitar gestiones ante las FARC por la liberación de rehenes en 2010.

En las últimas horas, el presidente Juan Manuel Santos apoyó al Procurador: “El Gobierno Nacional, como ha sido su costumbre y obligación, frente a cualquier decisión de los organismos de control, respeta la decisión de la Procuraduría General de la Nación”, declaró a través de un comunicado oficial.

Reacción popular

Apenas conocido el fallo el pasado lunes, decenas de miles de personas se convocaron espontáneamente frente a la Alcaldía, en Plaza de Bolívar, el centro político de Bogotá. Allí se hizo presente Petro, quien ante la multitud llamó a sostener la movilización, y exclamó: “Me destituyó el fascismo que controla el poder de Bogotá”, según informó la Agencia de Comunicación de los Pueblos Colombia informa.

La convocatoria se repitió ayer martes, pero esta vez más organizada. “Este tipo de decisiones niega las garantías políticas para que la oposición participe en la institucionalidad estatal, ya sea en los espacios de gobierno o en cualquier otra instancia”, afirmaron desde el Congreso de los Pueblos, uno de los espacios de confluencia del movimiento popular, en su convocatoria a la movilización. Desde Marcha Patriótica se manifestaron en igual sentido: “Este hecho muestra la necesidad de construir un gran frente social y popular que lleve al país a una democracia profunda y popular”, declararon.

La destitución de Petro generó inquietud en quienes apuestan a la participación institucional desde los movimientos sociales, de fuerte protagonismo en las movilizaciones de este año. Poder y Unidad Popular es una corriente política que postula dirigentes sociales en las listas del Polo Democrático Alternativo, y calificó el hecho como “una bofetada para los sectores sociales, populares, alternativos y de izquierda que se organizan para participar de las elecciones y acceder a la administración de gobierno en las reglas de juego de la restringida democracia colombiana. Cuando (dirigentes populares) limpiamente alcanzan tales cargos, los funcionarios honestos son perseguidos por personas que pretenden estimular los objetivos políticos de la ultraderecha colombiana”.

Anuncio de nuevas movilizaciones

En su nueva alocución ante la multitud el día de ayer, Petro llamó a realizar “la que tal vez sea la más grande movilización popular de la historia de Bogotá” para el próximo viernes. Propuso la realización de convocatorias en los barrios más populosos de la ciudad, para confluir en el centro en horas de la tarde. La arenga fue plebiscitada ante la multitud, que se mantuvo por segundo día consecutivo movilizada en apoyo al alcalde, por lo que se espera que para el viernes se cumpla el pronóstico anunciado.